David ofrece gel hidroalcohólico a las puertas del CAP Santa Rosa. Foto: ACN – Àlex Recolons
Hacen falta muchas manos para prevenir el covid-19. Tantas que las administraciones han comenzado a echar mano de condenados a trabajos comunitarios. Cerca de 300 cumplen su pena gestionando los accesos de varios equipamientos para garantizar que se respete la distancia de seguridad y dispensando mascarillas y gel hidroalcohólico. La mayoría son hombres condenados por delitos de tránsito, violencia de género, lesiones o hurto. Uno de ellos es David, un joven de 21 años condenado por un delito breve de tránsito que ha cumplido condena en el CAP Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet.
La condena ha redimido a David, pero ha hecho mucho más. Ha sido, de alguna manera, una segunda oportunidad. Según ha explicado a la Agència Catalana de Notícies el joven ha tenido una magnífica relación con los profesionales del centro y ya cuenta con alguna oferta de trabajo para seguir en el sector sanitario. «Después de pifiarla cometiendo un delito, aquí me he sentido útil y valorado», ha dicho. Cuando llegó al CAP Santa Rosa era un jovencito confuso que no sabía qué hacer con su vida y ahora ya piensa en estudiar un grado medio de administración de sanidad, para ver si le contratan para un trabajo similar al que ha desarrollado los últimos 40 días.
Los trabajos comunitarios son penas alternativas que los jueves imponen en casos especiales y que sustituyen a las penas de privación de libertad. Son especialmente importantes porque aumentan la autoestima de los condenados y les ayudan a reinsertarse socialmente. Incluso pueden ser una oportunidad para volver a empezar, como le ha pasado a David.
